Pasar al contenido principal
Redacción central

Identifican a Camacho como al autor del desastre económico

“Yo lo advertí que el culpable de estas pérdidas es el Comité Cívico y principalmente Luis Fernando Camacho. Por lo tanto, los hacemos responsables de las pérdidas”, que está sufriendo Bolivia, dijo el ministro de Economía Montenegro

Según el ministro Montenegro, en todos los días de paro Bolivia perdió más de 504 millones de dólares en los 14 días del paro indefinido de Santa Cruz por la ejecución del Censo de Población y Vivienda para el 2023; sin embargo, justificó que el cerco a la ciudad realizado por sectores afines al partido de Gobierno y dijo que es una respuesta a la “falta de ética” de los empresarios y cívicos.

La autoridad de Gobierno sostuvo que en las dos semanas de conflicto se perdió un total de 504.5 millones de dólares; detalló que la industria manufacturera perdió 73 millones; la construcción, 49 millones; las ventas al por mayor y menor, 120 millones de perdida; transporte y almacenamiento, 65 millones; las actividades de alojamiento y turismo, 44 millones; actividades artísticas y entretenimiento, 7 millones; otras actividades y servicios, 17.7 millones; y el sector agropecuario, 128.8 millones de dólares.

“El culpable de estas pérdidas es el Comité Cívico de Luis Fernando Camacho; por lo tanto, hacemos responsable de las pérdidas ya acumuladas de más de 500 millones al gobernador de Santa Cruz y de las que van a seguir viniendo si sigue con esa postura inflexible de no levantar el paro”, dijo.

Los periodistas preguntaron a la autoridad si el cerco a la capital cruceña, protagonizado por sectores afines al partido de Gobierno, no tenía responsabilidad sobre las pérdidas económicas, pero el ministro justificó esa medida aduciendo que sólo reforzó el paro promovido por autoridades e instituciones de Santa Cruz. 

“El cerco ha sido una respuesta de los sectores populares ante esa falta de ética cívica, esa falta de ética que le exigían a los pequeños a que acaten el paro pero ellos no lo cumplían. Se ha demostrado que había permisos de tránsito para los grandes empresarios. Obviamente los sectores populares reaccionan y dicen que si hay paro tiene que ser para todos”, argumentó Montenegro en defensa de los cercadores afines al Gobierno.

Santa Cruz ingresó a un paro indefinido desde el pasado 22 de octubre como medida de presión para que el Gobierno ordene la ejecución del empadronamiento nacional en 2023 y que en las elecciones del 2025 se garantice la redistribución de escaños.

En respuesta, organizaciones y sectores afines al partido en función de Gobierno decidieron cercar a la capital cruceña desde el 26 de octubre para que no circule ningún tipo de alimento o producto básico para la subsistencia de la población.

ASEGURADORAS

La Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) advirtió el fin de semana que el actual estado del conflicto social en Santa Cruz por el Censo en Bolivia, puede generar cuantiosas pérdidas al sector y a la población a raíz de los daños y las amenazas sobre la propiedad pública y privada.

Considera que a esto se suma se suma el potencial paro a nivel nacional y la latente posibilidad de escalamiento de la situación actual, por lo que solicitaron al gobierno nacional dar una pronta solución al conflicto para precautelar la seguridad de la ciudadanía, de las instituciones y de los bienes, priorizando el diálogo y así evitar una crisis mayor.

Recuerda que el sector ha sufrido las consecuencias de los conflictos suscitados en el 2019, que ocasionaron la quema de los buses Pumakatari y de las Cortes Departamentales, así como el reclamo de asegurados privados por pérdidas de diversa índole.

En Portada