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Redacción central

Inca y Cruz creen que la Iglesia minimiza los hechos de Senkata

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de la ciudad de El Alto, David Inca y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, rechazaron de forma categórica el criterio de la Iglesia Católica, al momento de referirse a los conflictos de Senkata y Sacaba, como “hechos aislados”.

 “El documento responde a justificar pecados, solo se refiere de Senkata o Sacaba, como hechos aislados, sin trascendencia, dónde la Iglesia recibió a heridos, a fallecidos y realizaron misas. El documento de la jerarquía de la Iglesia Católica, no se manifiesta por los asesinatos, por los heridos de bala o por las personas torturadas”, afirma el documento emitido por Inca.

De acuerdo con la descripción del activista, el documento hace énfasis en el vacío de poder, olvida detallar qué se hizo o qué determinaron en contra de las violaciones a los derechos humanos, durante los conflictos sociales de Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba, sobre los juicios extrajudiciales cometidos por las autoridades de ese entonces contra varios ciudadanos de origen campesino.

“Para la jerarquía católica, lo más importante de su documento es demostrar que pacificaron el país, no se cometieron pecados ni delitos. Debe quedar claro que desde la mirada y sentir de las víctimas de noviembre de 2019, se cometieron graves vulneraciones a los derechos humanos y delitos, estos delitos deben ser investigados, identificados los autores y sancionados”, expresa Inca.

“FRAUDE O GOLPE”

Inca considera que más allá de que las autoridades del Estado se enfrasquen en la defensa de la teoría del “fraude o golpe”, se deber luchar para que las víctimas de los sucesos luctuosos obtengan justicia, hallar a los responsables de las muertes y heridos.

 “La APDH de El Alto, junto a las víctimas de noviembre de 2019, (familiares de los asesinados, heridos y torturados) expresamos nuestro repudio por la falta de sentido humanitario, solidario y fraterno, por parte de la jerarquía católica en contra de las víctimas de las masacres, de las víctimas de los juicios extrajudiciales, de las víctimas heridas a bala y de las víctimas que fueron torturadas”, sostiene el activista.

DEFENSORÍA

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo expresa su rechazo al documento emitido por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019–enero 2020”, porque minimiza lo ocurrido en Sacaba y Senkata.

 “Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, afirmó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La autoridad recordó que, según el informe de la institución, “Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia”, los actos violentos cometidos contra las personas que protestaban en las jornadas de noviembre, desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas “masacres de Sacaba y Senkata”.

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