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Redacción central

Electrocutan a supuesto ladrón delante su madre

Una enardecida turba de pobladores de Ravelo del municipio de Chayanta, en el norte de Potosí, electrocutó y linchó a un joven de 22 años a quien acusaron de haber robado una frazada.

Los pobladores llegaron hasta la casa de la víctima y lo sacaron en medio de golpes, lo llevaron hasta la plaza del pueblo donde lo amarraron a un poste y lo golpearon brutalmente hasta desfigurarle el rostro, para luego electrocutarlo.

Todo este horrendo crimen ocurrió en presencia de sus familiares. De nada sirvieron los gritos de dolor de la angustiada madre y los hermanos del infortunado que vieron como era asesinado por la turba que no entendía razones.

Después de ejecutarlo, los comunarios enterraron el cadáver en un cementerio clandestino para que el hecho quede impune marcado por un “código del silencio” que encubre a los autores materiales e intelectuales del crimen.

El hombre estaba acusado de robar una frazada y utensilios pequeños de cocina de una casucha de una comunidad.

La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó que la representante del Ministerio Público en esa jurisdicción municipal llegó tarde con los efectivos policiales porque ya habían consumado el linchamiento.

“La necropsia del cadáver se realizó el domingo, estas personas utilizaron un alambre que conectaron al poste de luz para electrocutar a la víctima”, refirió la fiscal.

BUSCADOS

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizan las investigaciones para dar con los autores de este crimen y procesarlos por el delito de asesinato.

La fiscal recordó que el linchamiento no puede ser confundido con “justicia comunitaria” por lo que recomendó a las autoridades locales identificar a los autores para ser procesados, caso contrario incurrirían en el delito de encubrimiento.

Este sería el segundo linchamiento de un presunto delincuente ocurrido en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Hace una semana, otro joven fue linchado en la zona Cooperativa de El Alto, luego de ser confundido con un antisocial. Los pobladores del lugar colgaron el cadáver en un poste donde permaneció dos días en señal de advertencia según informa la policía y ahora los autores del hecho están siendo buscados en todo El Alto.

El derecho fundamental a la vida está protegido por la Constitución Política del Estado (CPE), los instrumentos internacionales de derechos humanos, y su privación por mano propia constituye un delito sancionado por la legislación penal vigente.

Por lo tanto, ningún delito o antecedente penal justifica que las y los ciudadanos tomen la justicia en sus manos para imponer castigos físicos, menos el quitar la vida a una persona.

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