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Redacción Central

Derogarán Decreto de Amnistía que protegía al algunos sectores

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que ya existe un proyecto para la derogación Decreto Supremo 4461, que brindó amnistía e indulto a “perseguidos” políticos y que fue observado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), debido a que podría proteger a perpetradores de graves violaciones a derechos humanos.

“Ya hemos remitido el proyecto de decreto supremo de derogación. Está en consideración del presidente y estimó que las próximas horas, espero no días, tengamos ya la norma derogada”, dijo Lima en entrevista con ERBOL, a momento de destacar que la decisión del Gobierno es implementar las recomendaciones del GIEI.

El Decreto 4461 fue promulgado por el presidente Luis Arce en enero de este año, disponiendo que la amnistía e indulto también favorezca a personas procesadas penalmente durante lo que denominó “Gobierno de facto”.

La norma ya había sido rechazada por entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, porque podría dejar en impunidad a personas que violaron derechos humanos.

El GIEI observó que esa amnistía e indulto “puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia”.

“Un perpetrador de graves violaciones de los derechos humanos puede ser sometido a un proceso que vulnere sus garantías constitucionales. Según la redacción del Decreto Supremo, dicho perpetrador estaría ahora potencialmente protegido por la amnistía”, dice el informe.

La decisión de derogar el Decreto ya fue anunciada por Arce el día en que se presentó el informe del GIEI.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, mediante Twitter, recordó que ya había alertado que el Decreto abría el camino, por lo cual celebró el anuncio del gobernante boliviano de derogarlo.

OBSERVACIONES

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) establece que el decreto supremo 4461 del gobierno de Luis Arces, aprobado para favorecer a militantes y afines al Movimiento al Socialismo (MAS) por la violencia durante la crisis política, “es una medida asociada a la impunidad”.

El Grupo de expertos sostiene que es comprensible desde un punto de vista social, la promulgación de una norma que pueda resolver con cierta celeridad la situación de las personas injustamente procesadas por los sucesos de 2019, que son muchas.

Sin embargo, señala que desde la perspectiva “de los derechos humanos, la amnistía no es, en principio, un buen instrumento. Es una medida asociada a la impunidad y a la obstrucción del esclarecimiento de la verdad y puede ser inadecuada para atender a la finalidad de revisar la situación de personas procesadas sin respeto a su derecho al debido proceso legal”.

El decreto 4461 de febrero de 2021 señala que se beneficiarán con la amnistía las personas que fueron procesadas penalmente durante el “Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales”, por la presunta comisión de delitos vinculados con los conflictos durante la crisis política entre el 21 de octubre de 2019 y 17 de octubre de 2020.

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